Elplazo máximo para responder ante una petición por parte de la Administración es de tres meses en la mayoría de casos. Sin embargo, existen circunstancias en las que este plazo puede ampliarse hasta los seis meses. Una vez transcurrido este tiempo sin respuesta, se considera como silencio administrativo, que podrá ser positivo o negativo.

Elartículo 82 y 86 de la ley de amparo nos establecen los dos principales plazo a tomar en cuenta. Para la interposición del recurso será de 10 días, recordando que los plazos en el amparo son contados por días hábiles y las notificaciones surten efectos un día después ser realizadas. Así mismo se deberá de tomar en cuenta que el

Yen el caso de la apelación contra la exclusión de pruebas, la interposición del recurso tendrá como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de juicio al Tribunal de enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de alzada competente de acuerdo al numeral 472 del Código Nacional de Procedimientos
Enel caso la resolución final y tardía del Tribunal Económico-Administrativo Central estima parcialmente la reclamación confirmando las liquidaciones y dejando sin efecto una sanción, por lo que la falta de impugnación expresa de esta Resolución no privaba de objeto al recurso y en consecuencia, la Sentencia de la Audiencia Nacional
Lacaducidad dentro del procedimiento administrativo, puede definirse como el transcurso del plazo que tiene la Administración para dictar y notificar la oportuna resolución administrativa sin que se haya llevado a cabo la misma. En términos generales, mientras en los procedimientos iniciados por el interesado a través de una solicitud, la republicanade 1935 y de la Ley de 18 de marzo de 1944, a propósito del recurso de agravios. Estos precedentes no fueron generosos. El Tribunal Supremo, embar-cado entonces en la tendencia decidida hacia la declaración de inadmi-sibilidad de los recursos, que tan explícitamente condenaría luego la Ex-

Laregulación de todo este tema se encuentra en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en

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  • después del recurso de alzada que sigue